Rubén Novo“Sin una puerta trasera, las mujeres que ejercen la prostitución –no digamos ya las personas trans– tienen muy complicado acceder al IMV a partir del umbral de renta. En primer lugar, quedan fuera de su cobertura todas las mujeres en situación administrativa irregular, un porcentaje nada desdeñable si tenemos en cuenta que el 90% de quienes ejercen son migrantes. En segundo lugar, se encuentra el obstáculo habitual que representa para ellas obtener el empadronamiento, lo que con frecuencia lastra su acceso a la atención sanitaria. Con todo, el requisito más lapidario es aquel que se exige a las personas al margen de una unidad de convivencia –familia–: la cotización. Para demostrar una vida autónoma, las personas que quieran acceder al IMV tienen que acreditar haber cotizado doce meses y haber residido de manera independiente de sus familias en los últimos tres años. ¿De qué manera espera el Ministerio que las mujeres que ejercen la prostitución hayan cotizado cuando su actividad no se reconoce como trabajo y, en consecuencia, se las excluye de la cobertura de la seguridad social?, ¿cómo puede el Estado exigirles cotizar cuando les prohíbe hacerlo? (…)
La situación resultante para quienes ejercen la prostitución es cuanto menos kafkiana. No las reconoce como trabajadoras, pero tampoco como víctimas de su desprotección y las condena, una vez más, a habitar en un limbo. Mientras ellas carecen de cualquier tipo de derecho, la patronal se encuentra legalizada desde 2003 por el Tribunal Supremo, los ayuntamientos les conceden licencias y han podido, incluso, acogerse a los ERTE.”
Paula Sánchez Perera.
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