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INFORME AMNISTÍA INTERNACIONAL: MAURITANIA, MÉXICO, CONTRA LA PENA DE MUERTE, EL SALVADOR ACOSO A TRANSEXUALES.

Publicado el 30 noviembre, 2016 | Opinión

Mauritania: En libertad 10 activistas contra la esclavitud

21 de noviembre de 2016

En respuesta al fallo del Tribunal de Apelación de Mauritania que absuelve y ordena la puesta en libertad de tres activistas contra la esclavitud y reduce la pena de otros 10 –incluidos siete que quedarán ya en libertad por haber cumplido el tiempo de condena–, Kiné Fatim Diop, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre África Occidental, ha afirmado:

La puesta en libertad de tres activistas contra la esclavitud condenados injustamente a penas de hasta 15 años por expresar pacíficamente sus opiniones supone un gran alivio para ellos, sus familias y todas las personas que han hecho campaña para que acabe la brutal represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Mauritania.”

“Sin embargo, el hecho de que el Tribunal de Apelación mantenga las sentencias condenatorias de 10 de ellos y que tres continúen encarcelados supone una preocupante señal de que el espacio para los activistas de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil se reduce en Mauritania. Aún más terrible es que el fallo del tribunal haya pasado por alto las graves denuncias de tortura que presentaron los acusados y que no se haya abierto ninguna investigación.”

“Las autoridades deben reconocer explícitamente la legitimidad de todos los grupos que trabajan contra la esclavitud y la discriminación, incluida la Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista, y garantizar que el sistema de justicia penal ya no se utiliza para hostigar y atacar a quienes defienden los derechos humanos.”

Información complementaria
El Tribunal de Apelación absolvió y puso en libertad hoy a tres activistas contra la esclavitud y redujo las penas de otros 10 que llevaban encarcelados desde el 30 de junio.

De estos 10, siete han sido condenados a un año de cárcel con condena condicional de cuatro meses. Dos, a tres años con condena condicional de dos años y otro a seis meses de cárcel. Todos, menos los absueltos, deberán pagar una multa de 45 uguiyas, (897 dólares estadounidenses).

El fallo del Tribunal de Apelación declaró a siete de ellos culpables de pertenencia a una asociación no autorizada. Los dos condenados a tres años fueron declarados culpables de tomar parte en una “concentración desarmada”, impedir a la policía llevar a cabo su labor y pertenecer a una asociación no autorizada. Otro fue declarado culpable de organizar una “concentración desarmada” y pertenecer a una asociación no autorizada.

En primera instancia los 13 activistas habían sido condenados a penas de entre tres y 15 años de prisión por cargos falsos de rebelión, uso de la violencia, agresión a la policía y a funcionarios judiciales, y pertenencia a una organización no reconocida.

Los cargos tienen relación con una protesta contra el desalojo de un asentamiento precario ocurrido en la capital, Nuakchot, en julio. Sin embargo, ninguno de los 13 activistas estuvo presente en la protesta y la organización a la que pertenecen –la Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista– no la había apoyado.

Cinco de las siete personas del asentamiento que fueron arrestadas también fueron condenadas a entre uno y cinco años de cárcel por el Tribunal de Apelación, además del pago de una multa de unos 3.000 dólares estadounidenses. Las dos restantes fueron absueltas.

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México: La liberación de mujeres torturadas para obligarlas a confesar, un rayo de esperanza para muchas otras

17 de noviembre de 2016

La excarcelación de tres mujeres que habían sido violadas y sometidas a otras formas de tortura en 2011 por marinos para obligarlas a “confesar” aporta un rayo de esperanza para cientos de mujeres más que permanecen injustamente encarceladas en todo México. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Denise Lovato, Korina Urtrera y Wendy Díaz pasaron, cada una de ellas, más de cinco años en prisión. Salieron esta mañana de la cárcel en el estado de Morelos, después de que un juez las absolviera y ordenara su puesta en libertad inmediata.

“Denise, Korina y Wendy no deberían haber sido encarceladas, para empezar. Sus estremecedoras historias muestran el trágico estado de los derechos humanos en México, donde las fuerzas de seguridad someten habitualmente a las mujeres a abusos sexuales para obtener sus ‘confesiones’, en un intento de demostrar que están haciendo frente al desenfrenado crimen organizado”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Las historias de Denise, Korina y Wendy se relataron en una reciente investigación pionera llevada a cabo por Amnistía Internacional sobre el uso de la tortura y otros tipos de violencia sexual contra las mujeres en México.

Las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que fueron entrevistadas para el informe contaron que habían sufrido algún tipo de abuso sexual o psicológico durante su arresto e interrogatorio por parte de policías municipales, estatales o federales o por miembros del ejército y la marina. De esas mujeres, 72 afirmaron haber sufrido agresiones sexuales durante su arresto o en las horas posteriores. Treinta y tres afirmaron haber sido violadas.

Los de Denise, Korina y Wendy no son casos aislados de encarcelamiento prolongado después de sufrir violación y tortura. Amnistía Internacional lanzó recientemente una campaña internacional para pedir la liberación de Verónica Razo, madre de dos hijos, que también ha pasado más de cinco años en prisión después de que la Policía Federal la sometiera a 24 horas de tortura para obligarla a “confesar”.

“La excarcelación anoche de estas tres mujeres debería obligar a las autoridades a actuar sobre otros casos como el de Verónica Razo, que merece pasar la Navidad en casa con su familia”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.

“Ahora debería investigarse la tortura infligida a Denise, Korina y Wendy, y los responsables deberían comparecer ante la justicia.”

Más información:

Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (informe, 28 de junio de 2016)

México: Salto en denuncias de tortura revela creciente crisis de derechos humanos

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“Ciudades por la vida” contra la pena de muerte

28 de noviembre de 2016

  • Amnistía Internacional, la Comunidad de Sant’Egidio, en colaboración con algunos ayuntamientos, iluminan edificios representativos para oponerse a la pena capital.
  • En diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobará en pleno la Resolución para la Moratoria Universal de todas las Ejecuciones.
  • Todavía estamos a tiempo de pedir que no se ejecute a Ali Mohammed Baqir al-Nimr, condenado a muerte en Arabia Saudí por un delito supuestamente cometido cuando era menor de edad.

El próximo 30 de noviembre, en más de 2000 ciudades de todo el mundo como Amsterdam, Berlín, Bruselas, Nairobi, Roma o Tegucigalpa se iluminarán edificios emblemáticos para mostrar el rechazo de la ciudadanía a la pena de muerte. En España, Amnistía Internacional impulsa esta iniciativa en más de 25 ciudades como Barcelona, Burgos, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Salamanca, San Sebastián, entre otras.

La Jornada Mundial “Ciudades por la Vida” es una iniciativa internacional que se pone en marcha en recuerdo de la primera abolición de la pena capital en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de una iniciativa emprendida por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional.

 

La pena de muerte en el mundo

En 2015, 103 países abolieron por completo la pena de muerte. En total son 140 los estados abolicionistas, ya sea en la ley o en la práctica. Estos países han renunciado a seguir matando en nombre del Estado

Un total de 115 de los 193 Estados miembros de la ONU han votado a favor de la Resolución para la Moratoria Universal de todas las Ejecuciones

El próximo mes de diciembre se podrá dar un nuevo paso adelante logrando que en la Asamblea General de las Naciones Unidas más países, de los 58 que todavía conservan la pena de muerte en su legislación, se manifiesten a favor de la Resolución para la Moratoria Universal de todas las Ejecuciones, que pretende abolir la pena de muerte en todo el mundo. Hasta ahora un total de 115 de los 193 Estados miembros de la ONU votaron a favor de la propuesta.

Sin embargo, no se debe bajar la guardia, ya que en 2015 hubo un alarmante aumento de las ejecuciones. Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, en un total de 25 países. Se trata de la cifra de ejecuciones más alta de los últimos 25 años. Un dato que dobla el número de personas ejecutadas con respecto al año anterior.

El 89% de las ejecuciones llevadas a cabo se han producido en sólo tres países: Irán, Pakistán y Arabia Saudí. China no está incluida en esta cifra total, porque los datos sobre pena de muerte en este país siguen siendo tratados como secreto de Estado, pero es probable que miles de personas sean ejecutadas en este país cada año.

Amnistía Internacional denunciaba también el pasado 10 de octubre, Día Internacional contra la Pena de Muerte, cómo los países recurren cada vez más a la pena de muerte para combatir delitos relacionados con terrorismo. Al menos 20 países condenaron a muerte o ejecutaron a personas por delitos relacionados con terrorismo (Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Camerún, Chad, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Túnez y Emiratos Árabes Unidos).

Menor condenado a muerte

En esta nueva edición de ciudades por la vida queremos destacar el caso de Ali Mohammed Baqir al-Nimr, condenado a muerte tras haberse «confesado» culpable de delitos cometidos cuando tenía 17 años, encontrándose en la actualidad en riesgo inminente de ejecución en Arabia Saudí.

La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, vinculante jurídicamente para Arabia Saudí, establece que no puede imponerse la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años.

La lucha contra la pena de muerte

No existe ninguna prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito, pero sí existen claros ejemplos de que es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra personas económicamente desfavorecidas, minorías y para acallar a la disidencia política.

La Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad o inocencia de las personas, y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un castigo cruel, inhumano y degradante.

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Patricia, mujer trans, perseguida por las maras y la policía: «No puedo vivir en mi país»

Por Amnistía Internacional, 25 de noviembre de 2016

El denominado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) es una de las regiones más violentas del mundo fuera de una zona de conflicto. En 2015, 17.522 personas fueron víctimas de homicidio en estos tres países.

En El Salvador la tasa de homicidio de mujeres aumentó un 60% entre 2008 y 2015. Las personas LGBTI, por su parte, son frecuentemente blanco de abusos, intimidacion y violencia a causa de su orientación sexual y/o identidad de género. Rara vez reciben justicia y suelen ser ignoradas, menospreciadas o victimizadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dentro de este colectivo, las mujeres transgénero son especialmente vulnerables a la violencia y la extorsión a manos de las maras porque se enfrentan a más obstáculos a la hora de acceder a la justicia

El Salvador es uno de los países más mortales del mundo fuera de una zona de guerra. Más de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes

Amnistía Internacional habló con Patricia* (pseudónimo), mujer trans de El Salvador que huyó a México a causa de la persecución que sufría por parte de las maras y de la policía en su país.

Tengo 32 años. Todo el tiempo me he dedicado a mi negocio, vender sodas. Siempre me ha gustado ser trabajadora, pero desgraciadamente ahora por el problema que estamos viviendo ya no puede tener uno su propio negocio porque ya le ponen renta [las maras de El Salvador] entonces ya no puede vivir uno ya tranquilamente. Los policías me hostigaban, siempre me paraban y me decían cosas, me extorsionaban y me golpeaban. Decían que no les gustaba por ser quien soy. Las maras me amenazaban también: cada mes me cobraban una “renta”, pero no podía pagarla toda. Creo que me amenazaban por la discriminación y la homofobia, por ser quien soy. Pensé en ir a las autoridades, pero después viéndolo bien que [ellos mismos] me llegaban a molestar a mi casa […] y siempre me molestaban. Fui a [la Procuraduría para la Defensa de] los Derechos Humanos […] y fui en dos ocasiones y en las dos ocasiones jamás tampoco me dieron resultado.

Decidí irme del país. Me tenían acorralada. No conocía [a nadie que hubiera migrado]; cuando yo decidí irme me fui sola sin conocer nada ni saber a qué […] o que me podía pasar algo. Viajé el año pasado en septiembre de 2015. En fronteras fui asaltada, me robaron. Me instalé en un lugar allí en Tapachula, busqué apoyo de COMAR [Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados], me negaron mi refugio también. Me dijeron por algunos problemas que había tenido tiempo atrás [había estado detenida]. Me involucraron con drogas y pagué con la cárcel, hace 12 años. Estuve presa cinco años y la experiencia fue dura. Estaba en una cárcel de un sector sólo de trans, [pero había] discriminación siempre [y] los señores agentes se aprovechan. Siempre [me] trataban como hombre, [y] siempre le decían el nombre de hombre a uno.

[Las autoridades me dieron] 15 días para que abandonara el país entonces yo me fui de Tapachula para otro lugar de México. Me arriesgué mucho […] me pegaban, porque en un momento me pegaron y hasta de robo he sufrido. Busqué otra manera de regularizar mi situación, pero no pude. Finalmente me agarraron en [la aduana de] Tijuana en marzo de 2016. Estuve en una cárcel […] en Oaxaca y estuve en otra cárcel […] en Tapachula [varias semanas]. En Tapachula las condiciones eran pésimas. Estuve en un sector donde meten a la familia donde meten a los papás con los hijos o a las mamás con los hijos. [Me daban comida] diferente que los otros, y a los otros los trataban mejor que a mí. [Luego] me trajeron hasta la frontera de El Salvador. [Me llevaron en autobús] por todo Guatemala. Me dijo la muchacha la que me entrevistó que por qué [me había ido], le dije por la misma situación que estaba viviendo en nuestro país. […] [N]o me dijeron nada más.

[Ahora] se siente la [misma] inseguridad. Tengo miedo, así que he decidido volver a migrar. Tengo miedo pero a veces se siente uno más seguro […] no siendo el país de uno.

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